Redacción Animal Político · 29 de agosto de 2025
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció que prepara en conjunto con la Secretaría de Vivienda los protocolos de atención para revisar que los desalojos a edificios se realicen mediante reformas legislativas y que se garanticen los derechos humanos a las personas afectadas.
“Uno de los puntos importantes en este protocolo, y que tiene que ver con reformas legislativas, es garantizar que el Poder Judicial informe con anticipación a la Secretaría de Gobierno de la ciudad para cualquier ejecución de algún desalojo en la ciudad”, comentó Brugada Molina.
En conferencia de prensa, indicó que en dicha legislación se propone que el desalojo seas una última opción, por lo que se requieren llevar a cabo mesas conciliatorias entre los ocupantes y demandantes.
“Es muy importante garantizar y comprobar lo que por ley tiene obligación el Poder Judicial, que es la notificación a los residentes”, dijo.

Añadió que, en el último caso de desalojo ocurrido en un edificio de la calle de República de Cuba, los habitantes no fueron notificados y es algo que se tiene que revisar.
Otra propuesta del gobierno capitalino es pedir a la Comisión de Derechos Humanos y que se encuentre presente en los desalojos para garantizar el cumplimiento de los derechos.
“El objetivo también es que un representante del Gobierno de la ciudad puede estar presente en cada uno de los desalojos, y con ello garantizar el cumplimiento irrestricto del protocolo y los derechos humanos de los vecinos. Otro punto para este protocolo que estamos construyendo tiene que ver con reformas legislativas para revisar la participación de las personas auxiliares de los promoventes del desalojo. Esto lo decimos porque son personas que ayudan a cargar, pero que de repente se convierten en golpeadores y los que asumen el desalojo sin garantizar los derechos humanos”, comentó.
Otro punto que revisó Brugada es que en los casos en donde ya se haya concluido un proceso legal y se hayan agotado diálogos, alternativas y haya familias afectadas, estas no queden en la calle, sobre todo, si son familias de escasos recursos.
“Entonces, estamos proponiendo para que en este protocolo la Secretaría de Vivienda atienda desde antes del desalojo y podamos estar apoyando con alternativa a las familias que definitivamente ya se hayan agotado todos los elementos, y puedan tener alternativas. También, el que se garantice el resguardo de las pertenencias de las familias, que generalmente se convierten en un problema en los desalojos”, mencionó.
Inti Muñoz, secretario de Vivienda, indicó que hay 16 familias que están siendo apoyadas con un recurso económico de 4 mil pesos mensuales.
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“Se entregarán por un primer periodo de seis meses, o el tiempo que sea necesario, hasta que logremos construir alternativas que garanticen el derecho al techo, a la vivienda adecuada a estas familias. Y también en el caso registrado el día anterior, en Tonalá, se están entregando 26 ayudas de renta a familias que habitaban ahí”, confirmó.

Añadió que han iniciado gestiones para la posibilidad de que la Secretaría de Vivienda, a través del Instituto de Vivienda, adquiera ambos inmuebles donde ha mediado una situación de incertidumbre jurídica en torno a la propiedad, con la finalidad de que ahí se generen proyectos de vivienda adecuada, rehabilitando los inmuebles en favor de quienes ahí habitaban.