Jorge Ávila · 12 de febrero de 2026
Tras un operativo realizado por autoridades de Hidalgo y el Estado de México, Animal Político confirmó la detención de 33 personas, quienes mantenían resguardada de manera ilegal la planta de cemento de la Cooperativa la Cruz Azul, ubicada en la ciudad de Tula.
Mediante el Registro Nacional de Detenciones, se confirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a los habitantes de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Tula, que mantenían guardias en la planta, los mismos que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Por su parte, miembros de la disidencia de la cooperativa difundieron mediante redes sociales la detención de 31 personas, quienes habrían sido trasladadas a Pachuca a las 5:00 de la mañana de este jueves 12 de febrero.
El grupo que se hace llamar en redes La Nueva Cruz Azul acusó a las autoridades de la detención ilegal de sus compañeros, quienes se mantenían al interior de la cementera durante el operativo.
“No nos proporcionan nombres, ni estado de salud de nadie, lo cual es muy importante para todos los familiares que vengan a preguntar. Necesitamos más información respecto a la toma violenta y detención de trabajadores, Julio Menchaca. Ayuda, Claudia Sheinbaum Pardo, no es un conflicto entre particulares, el tema Cruz Azul está afectando a toda una comunidad con miles de familias”, señalaron en mensaje en Facebook publicado la mañana de este jueves.
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Horas más tarde, autoridades estatales difundieron un comunicado en el que confirmaron que, derivado de las acciones ministeriales realizadas por la fiscalía del Estado de México en la planta cementera, fueron detenidas 33 personas.
Según el informe, 31 de ellas son investigadas por desobediencia y resistencia de particulares, mientras que las otras dos fueron aseguradas por portación de armas, al encontrárseles dos revólveres calibre .38.
Las autoridades enfatizaron que no hubo personas desaparecidas ni fallecidas durante el operativo y precisaron que la Policía de Hidalgo acudió desarmada “para resguardar a la población civil” y evitar nuevos episodios violentos, considerando los antecedentes registrados en la planta.
Aunque el reporte oficial habla de 33 detenidos, el listado obtenido a través del Registro Nacional de Detenciones y proporcionado por las propias autoridades contiene solo 32 nombres, debido a que una de las entradas está duplicada.
Entre las personas registradas se encuentran Luis René Soberanes González, Juan José Godoy Lugo, Juan Luis Jiménez Larios, Miguel Ángel Morales Luna, Sergio Trejo Martínez, Adrián López Peña, Alejandro Cruz Magos, Carlos Antonio Lugo Jiménez y Carlos Daniel Avendaño Avendaño.
También figuran César Rodríguez Cano, Eduardo Morales Pozo, Emilio Rodríguez Puebla, Emeterio García Falcón, Emmanuel Acevedo Avendaño, Fernando Bravo García, Guillermo Acevedo Avendaño, Guillermo Godoy Lugo, Héctor Hernández Zuñiga, Hilario González Luna, Irving Josué Ayala Sánchez, así como Isaías Hilario González Lugo y Guadalupe de la Luz Trejo Barrera.
El registro incluye además a José Domingo Hernández Vázquez, José María Soberanes González, Juan Alberto Aguilar Camargo, Juan Alberto Aguilar Maceyra, Bernardo Jiménez Corona, Óscar Rodríguez Almaraz, Cruz Martínez Reséndiz, Ricardo Zúñiga Godoy, Carlos Mauricio Cruz Magos y Luis Benancio Ángeles Luna.
Fue durante la madrugada de este jueves cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Tula, Hidalgo, lo cual fue confirmado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración, quien señaló en un video de redes sociales que esto marcaba el inicio de “una nueva etapa de diálogo”.
Tras la orden de un juez del Estado de México, elementos de la fiscalía ejecutaron el mandamiento judicial en la cementera y desplegaron un operativo de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Hidalgo.
De acuerdo con Criterio Hidalgo, alrededor de las 4:00 de la mañana de este jueves, se reportaron detonaciones desde el interior de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, hecho que movilizó a los cuerpos de seguridad. Según testigos, se llegaron a escuchar ráfagas de armas de grueso calibre e incluso explosiones.
La disputa por el control de la planta de la Cooperativa Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, Tula de Allende, Hidalgo, se ha convertido en uno de los conflictos empresariales y laborales más prolongados y violentos del país, con impacto directo en la economía regional y en la vida comunitaria.
El 23 de septiembre de 2024 se reportó un intento de toma de la planta cementera. En el sitio se desató una riña entre grupos en disputa que dejó personas lesionadas y detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la ciudad cooperativa.
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Tras estos hechos se suspendieron clases en escuelas de la zona por motivos de seguridad. El gobierno municipal pidió a la población resguardarse en sus hogares. Se desplegaron unidades médicas y vehículos de apoyo. La planta fue resguardada por trabajadores, mientras policías municipales y estatales reforzaron la vigilancia.
El episodio reactivó la tensión en una comunidad que arrastra años de confrontación interna.
La crisis se remonta al 15 de septiembre de 2020, cuando el grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la facción liderada por Federico Sarabia, detenido el 1 de septiembre de 2025 por presunto desvío de recursos hacia empresas vinculadas con operaciones simuladas.
Aunque en abril de 2021 una Asamblea Extraordinaria ratificó a Velázquez y a José Antonio Marín en los consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente, la disputa escaló en diciembre de ese año cuando, pese a una resolución judicial que otorgaba la posesión de la planta a Velázquez, la facción de Sarabia retomó el control de las instalaciones.
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El momento de mayor violencia ocurrió el 27 de abril de 2022, cuando un enfrentamiento armado entre ambas facciones dejó ocho personas muertas y al menos 12 heridas.
Entonces, de acuerdo con autoridades estatales, más de 500 cooperativistas participaron en el intento de ingreso, se registraron vehículos incendiados y agresiones a trabajadores, y más de diez personas fueron detenidas tras los hechos.
La cooperativa, encabezada por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, condenó entonces la violencia y sostuvo que sus acciones habían seguido la vía legal. El grupo disidente fue acusado de permitir el ingreso de personas ajenas a la planta y de agravar el conflicto.