Redacción Animal Político · 24 de julio de 2025
Vecinos de Ixtapan de la Sal, Estado de México, recibieron de parte de la Secretaría del Bienestar local la entrega de aves de corral, borregos, avena, costales de zacate, cascarillas, alimentos para animales, además de carne, pollo y longaniza tras haber padecido extorsión por parte de grupos criminales.
Dichos bienes fueron asegurados cuando autoridades judiciales realizaron la Operación Liberación.
En un comunicado, indicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó la disposición anticipada de bienes ante un Juez del Poder Judicial, con respecto a semoviente, alimentos, materiales de construcción y otros productos asegurados el pasado lunes 21 de julio.
“Una vez que la Autoridad Judicial ha resuelto favorable la disposición anticipada, la Fiscalía mexiquense firmó un convenio con el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría del Bienestar, con lo que el Agente del Ministerio Público hace entrega de los bienes a esa dependencia para que disponga de ellos y los entregue a la población con un enfoque social”, destacó.

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Precisó que los materiales como los de construcción puedan destinarse a obras pública con un enfoque comunitario.
“La disposición anticipada de bienes permite a la Fiscalía, la venta o transferencia de bienes que son objeto de investigación por actividades ilícitas antes de que se dicte una sentencia definitiva que determine la extinción de dominio sobre ellos, por ello, esta Institución reconoce la labor de las y los juzgadores del Poder Judicial del Estado de México por su intervención, en el ámbito de su competencia, en este procedimiento”, comentó.
Una banda delictiva vinculada al cártel de La Familia Michoacana operaba en al menos 14 municipios del sur del Estado de México, donde estableció una amplia red dedicada al cobro de extorsión y el secuestro exprés.
Esta banda también extorsionaba a través de minas, carnicerías, expendios de huevo, granjas de pollo y porcinas, así como establecimientos de venta de alimentos y forrajes.
El grupo criminal desmantelado controlaba parte del sector de la construcción en la región sur del Estado de México. Para ello, disolvió por medio de prácticas violentas las organizaciones de transportistas que operaban en la región y conformó otras organizaciones, como el ‘Sindicato Libertad’ y el ‘Sindicato Bradosva’, los cuales se encargaban de la venta de material en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Texcatitlán.
La Fiscalía mexiquense explicó que, a través de estos supuestos sindicatos, la estructura criminal obligaba a la población a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, así como cemento, mortero, yeso y otros productos utilizados en el giro de la construcción.

“En los referidos establecimientos algunos productos de construcción alcanzaban sobreprecios de hasta un 400 %, con relación al precio normal”, detalló la Fiscalía.
En ese municipio, estas tiendas controladas por la delincuencia ofrecían la tonelada de varilla en 23 mil 950 pesos, un 33.5 % más alto que el precio de mercado; la tonelada de cemento en 5 mil 700 pesos, un 20.5 % más alto; y el Millar Block lo daba en 20 mil pesos, hasta un 122 % más caro.
Quien adquiriera materiales de construcción en lugares supuestamente ‘no autorizados’, o utilizara servicios de transporte diferentes a los que la banda determinaba, era despojado de la mercancía. Además, los operadores de los vehículos de carga eran golpeados por integrantes del grupo criminal y amenazados.
El gobierno federal, en coordinación con autoridades del Estado de México, lanzó la llamada “Operación Liberación” al sur de esa entidad, como parte de la estrategia nacional antiextorsión anunciada el pasado 6 de julio.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que, por medio de operativos conjuntos en los que participaron 2 mil 866 elementos, se intervino en 14 municipios para desarticular una banda vinculada a La Familia Michoacana.
Esta banda operaba bajo el esquema de acaparar productos de construcción para aumentar sus precios y obligar a la ciudadanía a comprar en determinados establecimientos esos productos.
Las autoridades catearon 63 establecimientos relacionados con esas actividades criminales en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcatitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
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“Este grupo acaparaba mercancías y servicios mediante amenazas, generando miedo, distorsionando el mercado y afectando directamente a productores, comerciantes y consumidores”, expuso el titular de Seguridad pública federal, que agregó que la banda vinculada a la Familia “buscaba controlar sectores económicos clave, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción”.
Por su parte, el fiscal mexiquense, José Luis Cervantes, expuso que los sujetos detenidos operaban “con fachada de comerciantes, líderes sindicales o servidores públicos”.
“Convivían en el día a día en las comunidades, pero por otro lado también, algunos de ellos eran destacados empresarios de la comunidad que dañaban económicamente”, destacó.