Redacción Animal Político · 29 de enero de 2026
La Ciudad de México instalará 16 puntos fijos de reciclaje electrónico que estarán ubicados en cada alcaldía.
La titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), Julia Álvarez Icaza, dio a conocer que el primer punto ya se encuentra en la alcaldía Azcapotzalco, en la Alameda Norte, y próximamente se abrirá otro en Tlalpan.
En estos espacios de reciclaje se recibirán residuos como pilas, celulares, cables, audífonos, tabletas, computadoras, electrodomésticos y equipos electrónicos, los cuales serán canalizados a un manejo ambientalmente adecuado, fomentando la economía circular y evitando la contaminación del suelo, el agua y el aire.
De esta manera se fomenta el reciclaje y se evitará que los equipos terminen en mantos acuíferos, rellenos sanitarios y bosques emitiendo contaminantes como metano.

De acuerdo con Álvarez Icaza, al consolidar un espacio permanente, se permite a la ciudadanía participar de manera más sencilla y constante en el reciclaje de residuos electrónicos.
Desde una visión de economía del cuidado, contar con puntos fijos representa un beneficio directo para personas adultas mayores, amas de casa y familias, ya que la cercanía del servicio reduce tiempos, traslados y barreras de acceso, facilitando la participación en acciones que cuidan tanto el entorno como la salud, destacó.
El 10 de diciembre de 2025, el Senado concretó la aprobación de la nueva Ley General de Economía Circular.
La reforma fue presentada como el instrumento para transformar el modelo de producción y consumo en el país para impactar menos en el medio ambiente. Sin embargo, buena parte de las acciones dependen de la autorregulación de la propia industria.
La economía circular está planteada como un modelo de negocio y producción que busca eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño de los productos, para darles mayor vida y regenerar los sistemas naturales.
La reforma aprobada establece la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que compromete al fabricante o importador para responder por el daño ambiental que su mercancía genere en todo su ciclo de vida. Se establece que esa responsabilidad puede gestionarse por cada productor o de manera colectiva a través de un organismo coordinador por cada sector.

La ley señala que su implementación será progresiva y se ajustará a capacidades y diferencias de cada sector y tipo de empresa, principalmente las pequeñas empresas. Establece un orden jerárquico en la gestión de materiales. La principal opción será reutilizar y reparar los productos. En segundo plano está el reciclaje y finalmente está la disposición en rellenos sanitarios.
Las empresas estarán obligadas a diseñar y fabricar productos que puedan ser reparados, por lo que deben garantizar la disponibilidad de refacciones, herramientas e información para los consumidores.
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Organizaciones especializadas, como Greenpeace, han advertido que la Ley General de Economía Circular abre la puerta a riesgos ambientales y sanitarios. Además, han señalado que la ley dejó fuera a comunidades, sociedad civil y especialistas independientes, ya que fue construida principalmente entre autoridades y la industria.