Redacción Animal Político · 4 de diciembre de 2025
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de una Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la marcha de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre.
Dicha comisión estará integrada por todos los coordinadores de los Grupos y Asociaciones Parlamentarias.
Este jueves, el diputado del PAN, Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la Jucopo, sometió a votación el acuerdo y fue aprobado con 11 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La comisión investigadora fue propuesta por el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México el pasado 19 de noviembre, cuando legisladores presentaron un punto de acuerdo para crear un grupo que investigue los hechos violentos de la marcha del 15N, así como el presunto financiamiento y coordinación de los grupos que participaron en el enfrentamiento con policías.
Con esto, se busca exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a realizar indagatorias correspondientes y solicitaron a la Contraloría General de la Ciudad de México investigar sobre los supuestos actos de coacción de funcionarios y comerciantes realizados por los gobiernos de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para participar en la marcha.
Xóchitl Bravo, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, informó que la instauración de una comisión que investigue lo sucedido se presenta como medida necesaria de seguimiento e investigación a los sucesos, inquiriendo en que estos no fueron espontáneos, sino orquestados por grupos conservadores.
Esta Comisión Especial no contará con facultades judiciales, pero sí operará con herramientas políticas y de fiscalización, y buscará centrarse en dar seguimiento particular a las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía capitalina.

Sobre el tema, el 27 de noviembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que con base a lo que halle la comisión, tocará a la Fiscalía dar continuidad para atribuir responsabilidades por los hechos violentos que dejaron 120 heridos y precisó que se busca saber “quienes están atrás del bloque negro, qué partido político, que personajes y cómo es que convocaron a gente de diversos lugares”.
Mientras que la presidenta, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado en sus conferencias matutinas y ha hecho llamados a indagar a los grupos que agredieron a la policía, “su objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes”, dijo.
El pasado 15 de noviembre, tras la marcha de la Generación Z en la que miles de personas se pronunciaron en contra de la violencia y exigieron mayor seguridad en el país tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la policía, lo que provocó que 40 personas fueran detenidas y se registraran 120 lesionados, la mayoría policías.
Del total de detenidos, 20 fueron llevados al Ministerio Público y fueron investigados por robo y lesiones; mientras que otras 20 personas fueron remitidas por faltas administrativas.
Asimismo, se detalló que hubo alrededor de 120 personas lesionadas. Del total, 60 policías fueron atendidos en el sitio y otros 40 fueron trasladados para recibir atención hospitalaria.
De acuerdo con cifras del gobierno capitalino, 17 mil personas participaron en las movilizaciones y en diferentes pronunciamientos, las secretarías de Gobernación local y federal, además de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentaron los hechos, condenaron la violencia y calificaron los enfrentamientos como “actos de provocación”.

Del total de personas detenidas, la Fiscalía de CDMX remitió ante jueces de control a 18 personas adultas y un adolescente; 13 de ellas fueron vinculadas a proceso penal y dos quedaron en prisión preventiva justificada tras ser vinculadas por tentativa de homicidio.
Otros detenidos vinculados por delitos menores como robo, lesiones o resistencia quedaron en libertad bajo medidas cautelares como la firma periódica ante juez. Mientras que la persona menor de edad fue remitida a la autoridad especializada en justicia para adolescentes.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México atendió a 19 personas por agravios, así como por posibles violaciones a derechos humanos en las detenciones durante la marcha. También documentó daños a la integridad personal y falta de atención médica.
Mientras que la bancada del PAN acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar represión, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, violencia policial, amenazas a manifestantes e incluso agresiones físicas documentadas en videos, fotografías y testimonios.