La CDMX cobrará a empresas por pisos excedentes; en BJ, detecta 130 edificios con niveles extra

El Gobierno de la Ciudad de México tiene documentada la construcción ilegal de pisos excedentes en 130 edificios tan solo de la alcaldía Benito Juárez, una irregularidad por la que las autoridades buscarán que las empresas constructoras paguen a la capital el valor comercial de cada metro cuadrado construido fuera de la norma.

Los 130 edificios —en los que en total hay 264 pisos excedentes— fueron construidos en su mayoría entre 2016 y 2022, un periodo en el que la demarcación Benito Juárez fue gobernada por los panistas Christian von Roerhich (2015 a 2018) y Santiago Taboada (2018 a la fecha). Ambos políticos son señalados por la fiscalía capitalina como integrantes de un presunto esquema de corrupción inmobiliaria —una acusación que ellos rechazan—, y Von Roerich incluso ya fue detenido y vinculado a proceso por presunto uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. 

Carlos Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, informó en entrevista que tres empresas constructoras fueron evidenciadas a partir de los testimonios de vecinos que les compraron departamentos de buena fe. Ahora, dijo, las compañías ya se pusieron en contacto con las autoridades y aceptaron pagar por cada metro cuadrado edificado violando el uso de suelo.

“Estas tres están de acuerdo, van a pagar el potencial y se está haciendo la tasación de lo que tienen que pagar”, señaló el funcionario. 

Las autoridades estiman que los niveles extra tienen un valor comercial de 7 mil 142 millones de pesos.

En la entrevista, Ulloa detalló que por cada uno de estos 130 inmuebles hay denuncias en la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), por lo que, en coordinación con las autoridades ministeriales, se buscará a las firmas constructoras para que compensen a la CDMX. “Es una responsabilidad que tienen que asumir”, subrayó.

De acuerdo con el secretario, en la mayoría de los casos estos inmuebles ya fueron vendidos y las familias que los habitan compraron desconociendo que se trataba de un lugar que viola el uso de suelo. Por esta razón, las autoridades no buscan quitarles su patrimonio, pero sí delinean estrategias para que los desarrolladores retribuyan a la ciudad.

De hecho, en algunos casos las autoridades han detectado que aquellos departamentos que aún no se han vendido están siendo rentados por las mismas constructoras, es decir, están sacando provecho de obras hechas de forma ilegal.

“Hay diferentes empresas, hay incluso empresas que se compraron entre sí y que después la segunda fue la que comercializó (los departamentos), son particularidades y en la fiscalía es donde lo están detallando, porque incluso hay funcionarios que forman parte de estas empresas”, dijo Ulloa.

Después de que la fiscalía capitalina diera a conocer que investigaba una presunta red de corrupción encabezada por exfuncionarios y funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) habilitó una mesa de atención a la ciudadanía en la que recibió denuncias y expedientes de vecinos que denunciaban construcciones ilegales en sus colonias.

Cada expediente fue revisado por las autoridades y al final se confirmó que se habían construido 130 edificios que en conjunto suman 264 pisos excedentes; la mayoría se edificó en el periodo 2016-2022.

Las fotos y los expedientes de cada inmueble se pueden consultar en esta página, donde también es posible visualizar cuántos y cuáles edificios se construyeron desde la administración de Mario Palacios (2009-2012) hasta la actual encabezada por Santiago Taboada.

Por ejemplo, de 2008 a 2011 se tiene identificados cinco inmuebles con 12 pisos excedentes, mientras que de 2012 a 2015, cuando gobernó Jorge Romero, se documentaron 26 obras con 67 pisos adicionales.

Para el periodo de 2016 a 2018, cuando Christian Von Roehrich desempeñó como delegado de Benito Juárez, se confirmó la construcción de 59 edificios que en su conjunto suman 119 pisos irregulares. En tanto, durante el encargo de Santiago Taboada, hasta el año pasado, se tiene confirmación de la construcción de 40 inmuebles que violan el uso de suelo con 66 pisos excedentes.

En diciembre de 2021, Animal Político dio a conocer que en 2017, mientras Von Roehrich era delegado en la Benito Juárez, su administración autorizó, en promedio, un desarrollo inmobiliario nuevo al día.

Por participar en una presunta red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, la fiscalía capitalina ha girado orden de aprehensión y ha vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito y uso ilegal de atribuciones y facultades a distintos exservidores públicos.

Entre ellos se encuentran Von Roehrich, detenido cuando buscaba cruzar ilegalmente a Estados Unidos, así como los exdirectores jurídicos y de obras Luis Vizcaíno y Nicias Ardijis, respectivamente.

Sofía Soraya, hermana de Christian Von Roehrich, también fue detenida por las autoridades y, según dio a conocer la fiscalía, se tienen indicios de que la mujer sería una de las principales operadoras de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía, a través de un esquema de lavado de dinero con ayuda de empresas fachada.

De acuerdo con el titular de la Seduvi, hasta el momento solo dos personas más han buscado a la dependencia para que investiguen y verifiquen si los edificios que señalan cumplen la normativa en materia de desarrollo urbano, por lo que están en proceso de análisis de dichos expedientes.

“No estamos regularizando lo irregular”

En coordinación con otras dependencias, como Secretaría del Medio Ambiente, Sistema de Aguas, Secretaría de Administración y Finanzas, Procuraduría Social y Registro Público, así como con el Colegio de Notarios, se ha comenzado un proceso de regularización de los 130 inmuebles que tienen pisos excedentes, pues dadas sus características no están escriturados los departamentos —porque formalmente no existen— o hay una boleta predial por todo el edificio y no por vivienda.

“No es que en fast track se regularice lo irregular, no, primero hay sanciones, primero hay multas, primero hay pagos y después ya haremos todo el acompañamiento para que cada propietario tenga su documentación, sus escrituras, porque la desventaja que tiene aquella persona que compró de buena fe es que no puede hacer la transacción comercial porque no existe el piso”, señaló.

El secretario confió en que el resto de las empresas se acercarán a las autoridades para que, independientemente de las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía capitalina, paguen por los pisos adicionales que construyeron.

En tanto, en coordinación con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, también se ha iniciado una verificación estructural a cada inmueble. A la fecha, las autoridades ya han visitado 62 de los 130 edificios, sin que al momento se haya detectado riesgo estructural en alguno de ellos.

Ulloa dijo que no se trata de demoler los pisos excedentes, sino de tener certeza de que son estructuras que se hicieron considerando los pisos excedentes que al final construyeron.

Explicó que hay casos donde el uso de suelo permite la construcción de cinco niveles, pero el edificio tiene 10 pisos, así que hay que asegurarse de que fue edificado considerando el peso de la estructura, para garantizar a quienes viven ahí que lo hacen en un inmueble seguro.