Redacción Animal Político · 29 de septiembre de 2025
La noche del domingo 28 de septiembre, activistas que realizaban una protesta pacífica en el Congreso de Campeche fueron agredidas y detenidas de manera arbitraria y violenta por policías estatales, denunció la Red de Colectivas y Feministas del Estado de Campeche.
Los hechos ocurrieron cuando integrantes de la Colectiva Ley Sabina Campeche Cam y del Colectivo Campeche por las 40 Horas realizaban una manifestación en contra del nombramiento de Juan Pedro Alcudia Vásquez —exconsejero jurídico del estado— como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, quien cuenta con un proceso por violencia política en razón de género.
Ante esta situación, “la respuesta del Estado fue la represión: más de treinta elementos policiacos fueron enviados para intimidar, hostigar y detener a tres compañeras”, detalló la Red de Colectivas. Lo anterior constituye una violación a los derechos humanos y “evidencia la falta de garantías y de voluntad política para respetar la libertad de expresión y el derecho a la protesta social”.
En videos difundidos por las propias colectivas, se observa que policías estatales detienen de manera agresiva a personas que se manifestaban pacíficamente, únicamente lanzando consignas y portando pancartas.

De acuerdo con la denuncia, las detenidas no fueron puestas de manera inmediata a disposición del Ministerio Público. Fue hasta que intervino la Comisión de Derechos Humanos estatal que se conoció su paradero.
En la Fiscalía, al determinarse que no existía causa ni justificación legal para su detención, fueron liberadas. “Pero el daño ya estaba hecho: fueron privadas de su libertad, criminalizadas y expuestas a hostigamiento”.
Entre las tres activistas agredidas se encuentran Aremi Gasca, fundadora de la Colectiva Ley Sabina Campeche Cam, y una mujer embarazada; ambas recibieron atención médica. Un compañero más permanece internado en el Hospital de Especialidades.

Por estos hechos de represión, las colectivas exigieron que la Comisión de Derechos Humanos emita, de manera urgente, recomendaciones sobre el uso excesivo de la fuerza policial y sobre las irregularidades en las detenciones; que se garantice la reparación integral del daño; que se respeten la libertad de expresión y el derecho a la protesta; y que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo impulsen una Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Hasta el momento, el gobierno de Campeche, encabezado por la morenista Layda Sansores —cuya administración ha sido señalada por actos de censura— no se ha pronunciado al respecto.