Alfaro hereda a Lemus crisis de desaparecidos en Jalisco y claroscuros en materia social y económica

Este viernes Enrique Alfaro concluye su mandato como gobernador de Jalisco, y lo sucederá en el cargo Pablo Lemus, con lo que Movimiento Ciudadano (MC) mantiene el poder por segundo sexenio consecutivo, pese a las críticas que se la hecho por la ola de violencia y la crisis de personas desaparecidas que atraviesa el estado.

Alfaro anunció su retiro de la política a partir del día de hoy, cuando entregue la gubernatura a Lemus, un ex conductor de programas de radio que, sin ser afiliado a MC, ha ganado cuatro elecciones con el partido naranja: fue dos veces alcalde de Zapopan, una vez presidente municipal de Guadalajara y ahora será gobernador.

Durante el gobierno de Alfaro hubo avances en materias como educación, salud, economía y transporte, lo cual se confirma en el Índice de Progreso Social, realizado por la organización México, ¿cómo vamos? junto a la iniciativa Social Progress Imperative.

Pero deja como principal pendiente el tema de la violencia, acrecentado en los últimos años por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos y violentos que operan en todo territorio nacional. Actualmente, Jalisco ocupa el quinto lugar en el registro nacional de homicidios dolosos y el primero en cuanto a desaparecidos con 15 mil 348, según datos de la Comisión Local de Búsqueda.

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Desapariciones, el gran pendiente en Jalisco

A pesar de que a lo largo del mandato de Enrique Alfaro hubo una disminución de los homicidios dolosos, la entidad se mantuvo como una de las más violentas del país y es la primera en cuanto a número de casos de personas desaparecidas, que se triplicaron en los últimos seis años.

Durante los seis años del gobernador naranja los asesinatos mostraron una tendencia a la baja que se mantiene hasta la fecha: en 2019 hubo 2 mil 671 caos; en 2020 fueron 2 mil 622; para 2021 se redujeron a 2 mil 372; en 2022 fueron 2 mil 69 y en 2023 bajaron hasta mil 960.

Entre enero y octubre de este 2024 ha habido mil 532, pero aún así Jalisco se mantiene en el quinto lugar con relación a este delito, y junto a Guanajuato, Baja California, México, Chihuahua, Guerrero y Nuevo León, concentra el 50 % de los casos a nivel nacional.

En contraste, los casos de personas desaparecidas se triplicaron durante la gestión del gobernador saliente: de 5 mil 873 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en 2019, se pasó a 15 mil 348 casos en 2024 .Es decir, 9 mil 618 casos de personas desaparecidas se habrían registrado durante esta administración, según cifras oficiales.

“Es el sexenio con más ineptitud, somos muchos y no hay nada que agradecer (…) No buscamos culpables, lo que queremos es encontrar. Si ya no pueden con esto que se quiten y nos dejen hacer nuestro trabajo”, señaló Fernanda Cisneros, integrante del colectivo Por Amor a Ellxs en evento realizado de la mano del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y ZonaDocs.

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Durante su último informe de gobierno, Alfaro destacó el número de localizaciones que hubo durante su gobierno: “Luego de lo que nadie habla porque solo se habla de la primera parte, es que se localizaron a 17 mil 405 personas (…) marchas, ataques, señalamientos y luego la persona desaparecida resulta que se había ido a otro lado por su propia voluntad”.

Esto, señala Jonathan Ávila del CEPAD, es un “discurso triunfalista” en el cual molesta la forma en cómo se menciona el discurso porque “parece que importan los localizados y no los desaparecidos” y en realidad no se revirtió la tendencia.

Para atender esta problemática, el gobernador electo Pablo Lemus impulsó la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la cual fue aprobada por el Congreso local, lo cual fue recibido con críticas por parte de organizaciones por la premura y por excluir a familias de víctimas en la discusión.

Jalisco avanza en Progreso Social

Jalisco es una de las entidades que mayor progreso social ha registrado en los últimos años y se ubica en el lugar nueve del Índice de Progreso Social, la cual es una medición del bienestar que conjuga 49 indicadores distribuidos en tres dimensiones: 1. Necesidades humanas básicas, 2. Fundamentos del bienestar y 3. Oportunidades, que asigna un puntaje de cero a cien a cada entidad.

En la edición más reciente, Jalisco obtuvo 70 puntos, esto es una mejoría de 3.3 puntos respecto de los 66.7 que tenía el estado en 2019, tras concluir el primer año de mandato de Enrique Alfaro.

Jalisco tuvo un buen cierre de sexenio en cuanto a la evaluación de las Necesidades Humanas Básicas, estas son aquellas condiciones esenciales que una persona debe satisfacer para tener una calidad de vida mínima como nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal.

En 2019, el primer año de Alfaro su gobierno tuvo en esta categoría una puntuación de 79.2, posteriormente por la pandemia se registraron caídas a 75.6 y 74.8 en 2020 y 2021 respectivamente, y cerró con aumentos a 80.7 y 81.4 en 2022 y 2023.

De las cuatro dimensiones analizadas en la categoría, la de seguridad personal es la única en la que el estado cerró a la baja: en 2019 Jalisco tuvo un puntaje de 52.3 y cayó a 48.9 en 2020; posteriormente subió a 55.3 en 2021 y luego a 57.6 en 2022, para terminar 2023 con 54.4.

En ese sentido, a pesar de que durante la administración de Alfaro hubo una reducción en los homicidios dolosos, la entidad se mantuvo como una de las más violentas del país, y la cifra de desaparecidos se triplicó.

A la vez, Jalisco mostró un buen desempeño en los Fundamentos del Bienestar que, de acuerdo con lo contemplado en el Índice, se refiere a la calidad de la educación, acceso a la información y comunicaciones, salud y bienestar y calidad medioambiental.

Durante el primer año del gobernador emecista, la entidad tuvo una puntuación de 64.3 en dicha categoría, la cual bajó durante los años de pandemia, 61.4 en 2020 y 61.1 en 2021, para cerrar con 66.2 en el 2022 y con 67.4 el año pasado.

Por último, en la evaluación de Oportunidades, que contempla derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y acceso a educación superior, la entidad tuvo un avance en los primeros cuatro años de la gestión de Alfaro, al pasar de un puntaje de 56.5 en 2019 a 61.8 en 2022, pero en 2023 registró una caída a 61.1