Activistas envían propuesta para sistema de cuidados de CDMX, a la espera de iniciativa de Brugada
Marcela Nochebuena · 8 de agosto de 2025
A la espera de que la jefa de gobierno, Clara Brugada, enviara su iniciativa para una ley de cuidados local esta semana, como prometió una vez más, activistas que promovieron un amparo ante la omisión del Congreso capitalino de legislar al respecto, enviaron a la funcionaria y al órgano legislativo una propuesta con los mínimos que debe contemplar la normativa.
El 11 de junio pasado esos elementos clave fueron recibidos por la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, enviados por la Secretaría de Gobierno capitalina, para que sean tomados en cuenta en las futuras discusiones legislativas. Esto mientras se espera que en estos días Brugada envíe, al fin, su propia iniciativa.
Apenas el pasado 28 de julio, la jefa de gobierno aseguró que esta semana enviará al Congreso su propuesta, una obligación que para el órgano legislativo está señalada en la Constitución capitalina desde 2017. Ante ello, un grupo de activistas promovió un amparo ante la omisión de atenderla, pues debía haberse cumplido desde el 31 de diciembre de 2023.
En los últimos días de marzo pasado, un tribunal colegiado resolvió, en respuesta, que efectivamente existe una omisión legislativa del Congreso de la Ciudad de México. Aunado a ello, cinco iniciativas se han quedado en la congeladora entre septiembre de 2024 y abril de 2025, mientras que la jefa de gobierno ha prometido en al menos otras dos ocasiones el envío de su propia propuesta.
En ese contexto, además del documento enviado por las activistas litigantes, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) subraya que se requiere, en primera instancia, voluntad política, además de una vocación de atender la desigualdad histórica que el tema de cuidados implica para el desarrollo de la vida de las mujeres.
Si bien es importante admitir que en la Ciudad de México –señala la directora interina del Instituto, Silvia Soler, en entrevista– hay un avance al haberse incorporado el tema en la Constitución, no es posible permanecer solo con los marcos normativos, sino que es necesario diseñar, implementar y evaluar políticas públicas.
“También ahí hay un avance en la Ciudad de México que reconocemos, pero ahora nos falta ese marco de ley que un poco regule toda esta política para que llegue a todas las personas de forma integral”, añade.
Esto ocurre, además, en un contexto en el que apenas este jueves el derecho humano al cuidado adquirió una nueva relevancia internacional, gracias a la opinión consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció ahí, por primera vez, que el cuidado es un derecho autónomo y que todas las personas tienen derecho a cuidar, ser cuidadas y autocuidarse.
¿Qué proponen las activistas como mínimos para una ley de cuidados?
Para organizaciones y activistas, un sistema integral de cuidados –además de incorporar las relaciones afectivas y romper con el mandato patriarcal– implica reconocer, reducir, redistribuir, representar, remunerar, responsabilizar, reparar y relocalizar los trabajos de cuidados, un esquema que han llamado las 8 R’s.
Por separado, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir coincide en hacer énfasis en ese paradigma conceptual para admitir que es necesario reconocer el cuidado no remunerado y las labores del hogar como centrales para el bienestar de las sociedades y el funcionamiento de la economía.
“Valorar el trabajo de cuidado no remunerado como una actividad que exige de esfuerzo y de comprensión requiere justamente entender este tipo de empleo como un trabajo que se desarrolla en el ámbito doméstico y necesita un reconocimiento… Cuando hablamos de salir a trabajar, tiene que ver con el ámbito productivo.
“¿Qué pasa con no salir de los hogares? ¿Quién despierta a los niños, niñas, los baña, les hace el lunch, les da de desayunar a la abuela, al abuelo, al esposo, ¿quién hace todo este trabajo invisible? Un componente esencial que necesita ser, por un lado, reconocido y, por el otro, redistribuido”, apunta Soler.
Por su parte, las activistas e impulsoras del litigio estratégico para el reconocimiento, garantía y materialización del derecho al cuidado recuerdan en su documento que para lograr un sistema integral de cuidados en la Ciudad de México es indispensable articular acciones en torno a cinco componentes clave: las regulaciones que se establecen, los servicios que se proveen, la formación de las personas que cuidan, la gestión de información y conocimiento público sobre los cuidados, y las acciones de comunicación orientadas a promover un cambio cultural.
Además, los principios irrenunciables para la iniciativa deben empezar, consideran, por reconocer y retomar el trabajo de más de cinco años de la Coalición por el Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres, de los cuales el primero es poner el cuidado al centro de los debates sobre la justicia social, y reconocer que la pobreza no puede combatirse sin erradicar al mismo tiempo las desigualdades de género ni viceversa.
“No podemos erradicar los arreglos extractivos del cuidado sin asignar más recursos sociales al cuidado en forma de importancia, tiempo, infraestructura, presupuesto público, fuerza de trabajo y mucho más”, consigna el documento firmado por Fernanda Monserrath Gutiérrez, Martha Claudia Moreno, Priscila Monge Kincaid, Silvana Carranza Navarro, Ursula Amaranta Martínez Barrueta y diversas organizaciones.
Para lograr lo anterior, del mismo modo habría que reconocer que el cuidado es una dimensión importante de la vida y no una actividad o cualidad exclusiva de las familias y las mujeres, niñas y adolescentes.
En marzo de este año, Animal Político publicó una serie de reportajes que documentan cómo sin un sistema nacional de cuidados, la igualdad de género nunca será una realidad: en México, 19.6 millones de mujeres no trabajan por cuidar, y 80% de las personas jóvenes que no estudian ni forman parte del mercado laboral son mujeres; la mayoría de ellas pierde esas oportunidades por dedicarse a tareas de cuidado.
Diversos diagnósticos en la Ciudad de México, según destacan las propias activistas, parten de la convicción de que el cuidado es un derecho humano tripartita que conlleva el derecho a recibir cuidados, a cuidar y al autocuidado. Eso implica reconocer el trabajo y garantizar los derechos de quienes lo proveen, y al mismo tiempo superar su asignación estereotipada como una responsabilidad exclusiva de las mujeres, pues debería prevalecer una corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, el sector privado, las comunidades, la sociedad civil, las familias y las personas.
“La universalización del derecho al cuidado implica reconocerlo como un pilar fundamental del bienestar y de la justicia social. Esto exige que los Estados garanticen sistemas de cuidados integrales, públicos, sostenibles y accesibles para toda la población sin distinción”, asienta el documento.
Esto con énfasis en mujeres, infancias, personas con discapacidad, adultas mayores, de la diversidad sexogenérica, comunidades indígenas, en contextos de movilidad, en situación de calle, cuidadoras remuneradas y no remuneradas, trabajadoras del hogar, en informalidad laboral, buscadoras de personas desaparecidas, privadas de la libertad y otros grupos en vulnerabilidad.
La corresponsabilidad en los cuidados, central en la política pública
Otros principios que señalan las activistas son despatriarcalizar y democratizar el tiempo, es decir, que este no se mida en términos de productividad sino en su aporte a la calidad de vida, y generar políticas de tiempo al cuidado de la vida. Con ello, sostienen, se pretende transitar de la precariedad hacia una sociedad que cuida, incluida la profesionalización, jornadas dignas y salario justo para quienes cuidan.
Por otro lado, es vital contemplar el principio de corresponsabilidad social de los cuidados; aumentar la asignación de recursos públicos al cuidado en forma de dinero, tiempo, servicios e infraestructura, así como pensar en términos de integralidad en lugar de asistencialismo.
Soler añade la necesidad de reconocer al trabajo de cuidados como una economía emergente vinculada al cambio sociodemográfico a nivel global, que en el país va a generar cada vez más empleos. “Tenemos cada vez más poblaciones adultas que van a requerir de ciertos cuidados; ¿otra vez en sostén de quién se hacen esos cuidados? A costa de las mujeres”, puntualiza.
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Además de liberar a mujeres, adolescentes y niñas de la responsabilidad exclusiva de las tareas reproductivas y de cuidado, es necesario que todos los procesos de toma de decisión y las instituciones que coordinan la vida en común se construyan desde una perspectiva de cuidados. Esto no se logrará sin un espacio de autonomía para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y sin poner fin a la violencia de género y a la discriminación en los mercados laborales de las personas cuidadoras.
Otros aspectos indispensables que remarcan las activistas promotoras de litigios estratégicos son un presupuesto progresivo destinado al sistema, que en ningún caso debe ser inferior al del ejercicio fiscal anterior y debería tener un anexo transversal, así como un mecanismo de evaluación de las políticas públicas del sistema de cuidados.
Soler destaca, por otro lado, que lo reclamado de manera prioritaria es que el Estado se haga cargo de la atención a las personas dependientes, pero después hay otras formas de transformar la economía para que todo el trabajo de reproducción o cuidado se ponga en el centro, lo que implica una inversión pública fuerte para atenciones y para representar este tipo de trabajos.
“Tenemos indicadores económicos que no reconocen cómo todo este trabajo sostiene también la economía”, remarca Soler. Por ello, son indispensables indicadores que generen datos que den cuenta de esas labores de cuidado en el marco del sostenimiento y de la prevención económica.
Por lo pronto, mientras se concreta o no un sistema de cuidados local y nacional –que también está pendiente–, el Instituto trabaja en el enfoque territorial e interseccional de las estructuras del cuidado, es decir, en generar pilotos de política pública que puedan volverse una realidad más allá de los marcos normativos, difíciles de lograr ante negociaciones y falta de voluntad política.
Además de las recomendaciones, las activistas indican como un punto central el cumplimiento cabal de varias sentencias: el amparo 465/2024 y el 324/2024, que ordenan al Congreso capitalino aprobar una ley de cuidados, el juicio de amparo indirecto 645/2024 con el mismo fin, así como la suspensión definitiva del juicio 653/2024, el cual dispone que se debe iniciar un proceso legislativo para discutir las iniciativas ya presentadas y por otro lado, convocar a una consulta con personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y personas cuidadoras.